Ante la relevancia de los hechos acontecidos el pasado 16 de mayo en Chile creemos de suma importancia compartir con todos nuestros lectores la nota integra publicada por Periódico El Pueblo el día 21 de Mayo de 2024 https://periodicoelpueblo.cl/desalojo-de-la-toma-17-de-mayo-querian-un-castigo-ejemplificador/
En la comuna de Cerro Navia, en Santiago, por 5 años se levantó la Toma 17 de Mayo, ocupando un sitio baldío de 11 hectáreas de propiedad de la familia Guzmán Nieto, la más poderosa familia terrateniente del sector poniente de la capital y principal accionista del proyecto de bodegaje industrial ENEA Ciudad Aeropuerto. Esta comunidad de familias pobres se enfrentó a los intereses de grandes capitales y latifundistas, a todo su aparato del Estado y sus leyes represivas, desarrollándose en lucha y resistencia por el derecho a la vivienda digna y por unir las luchas de los sin casa en distintos puntos del país. Su desalojo, realizado con una fuerza policial inédita, anuncia una nueva fase en la política anti-pueblo del viejo Estado reaccionario que hoy encabeza el gobierno de Gabriel Boric.
El día de la infamia
En la madrugada del jueves 16 de mayo, un contingente de más de 400 efectivos de Carabineros fueron movilizados para cercar por todos los flancos el terreno de 11 hectáreas en la comuna de Cerro Navia, el cual por cinco años fue ocupado por más de 200 familias para construir sus hogares y una comunidad organizada.
Mientras los niños se preparaban para el colegio y muchos vecinos habían salido a sus trabajos, bombas lacrimógenas comenzaron a inundar las casas y patios. Utilizando vehículos blindados forzaron la puerta de acceso principal y utilizando carros lanzaaguas, gas pimienta y golpes reprimieron a las vecinas y vecinos que trataban de detener el avance policial para proteger a los niños pequeños, algunos de los cuales sufrieron desmayos e incluso debieron ser atendidos de urgencia debido a los gases asfixiantes.
Puntos de control policial impedían el acceso de personas desde el exterior. La prensa tampoco fue autorizada a registrar el brutal procedimiento, cuyo propósito era destruir los hogares y la comunidad organizada que fue levantada con el esfuerzo de sus propios habitantes. Aun así, los canales de televisión comenzaron a informar que carabineros habían sido recibidos con armas y bombas molotov, lo cual fue desmentido por los pobladores.
De esta forma, por orden de la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de la familia terrateniente Guzman Nieto, y en coordinación entre el Alcalde Mauro Tamayo, el Servicio de Vivienda Metropolitano y la Delegación Presidencial, se movilizó el contingente policial más grande que se haya visto antes para desalojar a un grupo de familias pobres. Una movilización policial solo comparable a las que se realizan en la Araucanía en contra de las comunidades mapuche en recuperación de sus tierras.
En medio del hostigamiento policial que desacató todo protocolo o tratado internacional de derechos fundamentales, mientras la maquinaria pesada y el fuego hacían ceniza las casas y espacios comunitarios, los pobladores rescataban lo que podían, como podían, utilizando únicamente sus propios medios y la ayuda solidaria de numerosas organizaciones populares y personas que sobrepasaron el cordón policial para prestar apoyo a los vecinos.
“Querían un castigo ejemplificador”
“¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué fue el desalojo si había agendada una reunión en el Serviu? -denunciaban las dirigentas de la Toma 17 de Mayo tras el desalojo- Porque querían un castigo ejemplificador para quien ose tomarse un terreno, para quien ose hacerse cargo de derechos y hacerse cargo de la dignidad con sus propias manos”.
Y es que en efecto las tomas de terreno demuestran que el pueblo puede tomar la solución del problema de la vivienda en sus propias manos. Demuestran que la organización y la infinita creatividad de las masas lo puede todo. Que bastaba recuperar la tierra que les había sido negada y construir sobre ella para resolver el hacinamiento y mejorar la vida de cientos de personas. “Al Estado no se le pidió ni un peso. Ellos no han puesto nada, ni un solo clavo, solamente trabas”, decía la vecina Sole al hablar de la historia de la Toma. Demostraron que con sus medios era posible resolver el acceso a electricidad y agua potable, levantar sus casas, una escuela y espacios comunitarios solo con el apoyo de otras organizaciones populares y sin esperar los subsidios del Estado, que no llegan ni en 15 ni en 20 años.
Que los pobres resuelvan sus problemas y tomen el destino de sus vidas en sus propias manos es lo que este Estado reaccionario y anti-pueblo no puede permitir. No pueden aceptar que los pobres levanten cabeza.
En los discursos públicos, el gobierno y los municipios llaman a esto “saltarse la fila”. Para ellos “hacer las cosas bien” es que las familias que pueden pagar se endeuden con créditos hipotecarios y, las que no, que vivan hacinados por 20 años en espera de que avance “la fila”. Y después de esos 20 años, cuando sus hijos crezcan, tengan ellos que hacer la fila por 20 años más.
Y más inaceptable les resultó que la Toma 17 de Mayo se uniera a otras tomas y campamentos y organizaciones populares para denunciar la Ley Antitomas, apenas ésta fue puesta en discusión en el parlamento, por iniciativa de la derecha, pero con el respaldo del gobierno del Frente Amplio, que continuó y desarrolló la agenda represiva iniciada por Piñera. Puntos de prensa y reuniones de coordinación con organismos de lucha por la vivienda se levantaron en la Toma 17 de Mayo y otras comunidades organizadas, siempre con la participación activa de las vecinas y vecinos que ahora han sido desalojados.
La lucha por un lugar para vivir ha enseñado a las vecinas y vecinos a comprender que la conquista de sus derechos será una lucha prolongada y que requiere de la unidad y solidaridad de distintos sectores del pueblo. Estas vecinas y vecinos han tenido que aprender a volver a confiar el uno y el otro y confiar en sus propias fuerzas, pues la labor previa del oportunismo y las malas experiencias organizativas siembran la desesperanza y la desunión. Así, en medio de dificultades, las formas de organización que encontró la 17 de Mayo consiguieron sobreponerse al pesimismo que embargó a la mayoría de las organizaciones populares tras la revuelta de 2019, y mantener una movilización sistemática frente a todas las instituciones burocráticas del Estado.
La indolencia de las autoridades ante la profunda crisis habitacional enseñó a estos pobladores que la protesta era el único camino para hacer llegar sus demandas. Y fue siempre con movilización que arrancaban las reuniones y se podían presentar cartas son sus propuestas frente al municipio, Serviu, el Ministerio de Vivienda y todas las instituciones involucradas. Incluso hasta el propio Gabriel Boric fue interpelado en hacer cumplir sus promesas de campaña y su programa en relación a que no habría desalojos sin solución habitacional.
La mesa de trabajo establecida con el municipio, el Serviu y otros organismos gubernamentales para encontrar una solución habitacional para las familias, las más de 50 actas de reunión registradas, muestran una ves más que las instituciones estatales no tienen ninguna prisa para resolver las necesidades de los más pobres. Estas instituciones únicamente responden con agilidad para atender los intereses de los ricos.
Justicia para ricos y justicia para pobres
En paralelo, la ofensiva legal para desalojar a la Toma 17 de Mayo se desenvolvía por medio de querellas y recursos de protección interpuestos por la familia Guzmán Nieto. El valioso trabajo de los abogados del Movimiento Anti Represión y de Defensa Popular, quienes apoyaron incondicionalmente a los vecinos, consiguió detener temporalmente varios de estos recursos, pero frente a un marco legal que defiende la propiedad privada por encima de los derechos sociales, la orden de desalojo se haría llegar tarde o temprano.
Frente a la orden de desalojo, los vecinos de la 17 de Mayo presentaron a principios de abril una propuesta al Ministerio de Vivienda y los Guzman Nieto para relocalizar la Toma y permitir el desarrollo de los proyectos de obras públicas que estaban obstruidos por el emplazamiento de las casas. Esta propuesta -bien fundamentadas por arquitectos y otros profesionales al servicio del pueblo-, nunca fue respondida.
Ninguna voluntad fue mostrada por el gobierno “progresista” para resolver alternativas al desalojo. Al mismo tiempo que las autoridades municipales y de Serviu señalaban que en el caso de la sentencia contra la 17 de Mayo “nada se podía hacer”, el gobierno y todos los partidos electoreros trabajaban de conjunto por encontrar un acuerdo político para salvar a las isapres de un fallo de la Corte Suprema en su contra, llegando a modificar la legislación para dar un perdonazo a los capitales monopolistas del pago de una millonaria multa.
Continuando con su política de mal uso de los recursos públicos, el gobierno argumenta haber dado una “solución” a los vecinos con un aporte en dinero por un periodo de un año, con lo cual éstos debían buscar arriendo. Los mismos vecinos presentaron de inmediato una contrapropuesta para utilizar esos mismos recursos en comprar un terreno donde las familias fueran reubicadas, pero esto también les fue negado.
Este desalojo y el enorme uso de recursos de fuerzas policiales coordinadas por el municipio, Serviu y la Delegación Presidencial puede verse como una nueva fase en la política anti-pueblo del Estado que hoy encabeza Gabriel Boric, una fase en la cual aparece más evidente que las instituciones y los recursos de este Estado reaccionario no están diseñadas para resolver los problemas del pueblo, sino para proteger la gran propiedad. Es una nueva arremetida contra los más pobres y contra sus organizaciones de lucha, la cual ha sido preparada con una campaña comunicacional en todos los medios de prensa monopolista, con la aprobación de nuevas leyes represivas y con la dictación de una seguidilla de sentencias judiciales de desalojo contra tomas y campamentos que pueden ser ejecutadas en cualquier momento.
Las más de 114 mil familias que viven en tomas y campamentos en todo el país, y el pueblo en general, inevitablemente deberá aprender a desarrollar mayores y más altas formas de organización y lucha para defender su derecho a una vida digna.
Solidaridad y apoyo
Desde el mismo minuto que se inició el desalojo de la Toma 17 de Mayo, se hizo patente también la solidaridad de decenas de organizaciones y cientos de personas en distintos lugares del país y del extranjero.
Transporte, atención de salud, alimentación y albergues fueron gestionados rápidamente por parte de organizaciones populares que apoyan la lucha. Acciones de protesta se realizaron en Santiago y San Antonio ese mismo día, mientras que numerosos mensajes de solidaridad y declaraciones de apoyo han sido dirigidos por medio de las redes sociales hacia los pobladores desalojados.
En respuesta a este desalojo, organizaciones de lucha por la vivienda han convocado a una jornada de protesta nacional por el derecho a la vivienda y contra los desalojos para el próximo miércoles 22 de mayo, a la cual ya han adherido organizaciones estudiantiles.
Las casi 200 familias que vivieron en la Toma 17 de Mayo se encuentran ahora dispersas. Pero la mayoría de las familias que resistieron hasta el último día el desalojo de la Toma 17 de Mayo se mantienen firmemente unidas en la lucha por conquistar un lugar digno para vivir.. Aun cuando han sido duramente golpeadas y nuevamente arrojadas a la calle, al hacinamiento y al allegamiento, manifiestan su decisión a mantener su organización para continuar con firmeza hasta conquistar la tierra, vivienda y dignidad.
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